Es decir, que si una persona tiene la potestad de ejercer un acto jurídico, pero no lo hace en el lapso perentorio, pierde el derecho de entablar la acción correspondiente.
Su finalidad es dar veracidad a ciertas relaciones jurídicas, para que estas no se prolonguen de manera indefinida en el tiempo.
En el derecho romano, en asuntos sucesorios, la caducidad se originaba cuando se efectuaba de manera licita la transmisión hereditaria, pero el heredero posteriormente, no podía recibir la herencia, por motivos relacionados con el mismo, por ejemplo que haya renunciado a la herencia, o porque haya fallecido.
La caducidad se encuentra formada por dos aspectos:
La no actividad. Se refiere a la inacción del individuo para ejercer su derecho de acción jurídica. La caducidad de la acción se puede evitar, solo si se establece de manera formal ante la instancia judicial competente.
El plazo, la caducidad de instancia ocurre, cuando no se solicite su curso dentro de los siguientes plazos: seis meses en primera instancia; de tres meses en segunda o tercera instancia; de un mes, en el incidente de caducidad de instancia.
La caducidad y la prescripción son términos muy semejantes, sin embargo presentan diferencias importantes, algunas de ellas son: la caducidad, se refiere a la inactividad relacionada con un comportamiento específico; mientras que la prescripción trata de una inactividad general. La caducidad extingue tanto la pretensión como el derecho; mientras que la prescripción sólo extingue la pretensión.
En la prescripción se extingue la acción no el derecho, mientras que en la caducidad se extingue tanto el derecho como la acción.
La caducidad de la acción origina los siguientes efectos: concluye los derechos de los beneficiarios. Sin embargo, si estos solicitan una prórroga, se considera que se ha renovado el acto jurídico.
La única manera de evitar la caducidad de acción es ejerciendo el acto o facultad.
