El encargado de colocarle a la persona el calificativo de infame, era un magistrado (censor) quien para ese entonces era la autoridad competente. El censor era quien organizaba el acto en donde se constataban las finanzas y la moralidad de los ciudadanos. La persona que era catalogada como infame, se le prohibía el acceso a cualquier cargo público y mucho menos podía ejercer su derecho al voto en cualquier elección que se realizará, restringiendo de esta manera sus derechos sociales y jurídicos dentro de la sociedad romana antigua.
El derecho romano, dependiendo de su origen, validaba dos clases de infamia:
- La infamia “facti”, esta surgía desde el momento en que la persona realizaba alguna acción que era opuesta a lo fijado dentro del marco de la moralidad y las buenas costumbres. Por ejemplo cometer actos de adulterio.
- La infamia “iurs”, esta se originaba cuando se cometía cualquier tipo de acción fraudulenta o dolosa en contra de alguien.
En la actualidad, existen personas que recurren a la infamia para perjudicar la honorabilidad de otras. Ya sea por tener interese ocultos o sacar ventaja de lo dicho, lo cierto es que se debe tener cuidado con eso, porque si la persona no tiene las pruebas que certifiquen la infamia, entonces podrá ser acusado de difamación y ser sancionado por ello.