El derecho de petición en beneficio propio se trata de que la persona tiene derecho a manifestar solicitudes corteses a la administración pública con la intención de que se le examine un derecho en específico. Uno de los ejemplos para este caso sería pedir una licencia ambiental, un permiso de construcción, una pensión, una afiliación a cualquier servicio público domiciliario como la luz, el agua, línea telefónica o aseo urbano, o cualquier otro tipo de trámite que instalen de efecto específico en un ciudadano o a un grupo en particular de ciudadanos. El empleado público tiene un estimado de diez días para dar una respuesta a la petición que se le hizo, el cual no quiere decir que en esos días se debe consignar o rechazar el derecho, pero si por lo menos se le debe dar un informe sobre el mismo.
La petición de personas jurídicas o físicas, se puede realizar indiferentemente de su nacionalidad o independientemente si la solicitud es realizada de manera individual o colectiva de igual forma pueden ejercer dicho derecho.
La tecnología nos permite que actualmente las peticiones se realicen y se transmita mediante el internet (sistemas telemáticos). Esto envuelve que la petición no salga impresa en un papel con una firma manuscrita de la parte interesada, sino que es remitida a través de un correo electrónico o mediante un formulario web. Se reseñan habitualmente a petitorias abiertas en las que los solicitantes pueden sumarse a ellas contribuyendo con una serie de datos que comprueben o hagan probable la legitimidad del peticionario o firmante.
