El protocolo de Kioto fue aprobado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) el 11 de Diciembre de 1997, en Kioto (Japón). Pero no fue sino hasta el 2005, cuando entra en vigencia. Dentro del acuerdo quedó establecido que el convenio tiene carácter obligatorio al ser ratificado por los países participantes; además de esto se promovió la concepción de un desarrollo sostenible, de tal manera, que también se puedan emplear energías no convencionales y así poder reducir el calentamiento global.
Las actividades a las cuales se les exige la reducción de sus emisiones se hallan el refinamiento de hidrocarburos, la calcinación de minerales metálicos, la fabricación de cemento, la generación de electricidad, la producción de acero, la fabricación de vidrio, la fabricación de papel y carbón, así como la elaboración de productos cerámicos.
Entre los países participantes en el acuerdo se encuentran:
Estados Unidos: a pesar de haberse retirado del protocolo por considerarlo ineficiente, los Estados Unidos bajo la dirección de Obama, decide en el 2015, poner como meta la disminución de las emisiones en un 30% para el 2030.
La Unión Europea: como representante activo en la cristalización del protocolo, asumió el compromiso de disminuir en un 8% sus emisiones.
España: se comprometió en disminuir sus emisiones en 15% como máximo. Sin embargo esto no se ha cumplido, ya que según los datos arrojados, España durante los últimos años ha incrementado sus emisiones, por ejemplo en el 2015 su aumento fue de 24,233%.
Argentina: por ser un país en vías de desarrollo y contar con apenas con un 0,6% de los totales de emisión mundial, no está en la obligación de cumplir con los objetivos cuantitativos adoptados por el protocolo. Sin embargo como país participante, tiene el compromiso de disminuir las emisiones, o por lo menos, no incrementarlas.
Canadá: este país decidió en el 2011 abandonar el protocolo de Kioto, para no asumir las sanciones vinculadas con el incumplimiento de la disminución de las emisiones.