La implementación del Plan Zamora plantea la magnitud del conflicto dentro de Venezuela a través de un mecanismo de colación de carácter guerrero que socava el ejercicio del derecho a la manifestación pacífica.
La filosofía de este plan es derrotar a un enemigo interno con las lógicas de la guerra utilizando para hacer frente a ese enemigo no sólo a la fuerza armada tradicional sino al nuevo componente que son las milicias y las «organizaciones del Poder Popular» que significa, utilizar a sectores de la población para que en varias formas, ya sea trabajo de inteligencia, confrontación directa sin armas y confrontación con armas esta última a través de grupos paramilitares.
El Plan Zamora es una extensión de los poderes extra-constitucionales presentes en el llamado «Decreto Estatal sobre Excepciones y Emergencias Económicas» que institucionaliza el discurso de guerra para combatir la llamada «guerra económica» – y proporciona funciones de seguridad ciudadana a civiles . Es un plan que plantea un mayor riesgo a la situación de los derechos humanos en el país y puede elevar el conflicto a niveles considerables. Todo parece indicar que ante las demandas sociales y políticas el gobierno de Nicolás Maduro ha optado por reprimir cada vez más importando poco al gobierno el número de víctimas que dejan esa política represiva.