La primera acusación por crímenes contra la humanidad tuvo lugar en los juicios de Nuremberg. Desde entonces, los crímenes contra la humanidad han sido enjuiciados por otros tribunales internacionales, como la Corte Internacional de Justicia y el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia y la Corte Penal Internacional, así como en los enjuiciamientos internos. La ley de crímenes de lesa humanidad o delitos contra la vida, se desarrolló principalmente a través de la evolución del derecho internacional consuetudinario.
Los crímenes contra la humanidad no están codificados en una convención internacional, aunque actualmente existe un esfuerzo internacional para establecer dicho tratado, liderado por la Iniciativa Crímenes contra la Humanidad.
A diferencia de los crímenes de guerra, los crímenes contra la humanidad pueden cometerse durante la paz o la guerra. No son eventos aislados o esporádicos, sino que forman parte de una política gubernamental (aunque los perpetradores no necesitan identificarse con esta política) o de una amplia práctica de atrocidades toleradas por un gobierno o una autoridad de facto.
Crímenes de guerra, asesinato, masacres, deshumanización, genocidio, depuración étnica, deportaciones, experimentación humana no ética, castigos extrajudiciales, incluidas ejecuciones sumarias, uso de armas de destrucción en masa, terrorismo de estado o patrocinio estatal de terrorismo, escuadrones de la muerte, secuestros y desapariciones forzadas, uso militar de niños , el encarcelamiento injusto, la esclavitud, el canibalismo, la tortura, la violación, la represión política, la discriminación racial, la persecución religiosa y otros abusos contra los derechos humanos pueden alcanzar el umbral de los delitos contra la vida si forman parte de una práctica generalizada o sistemática.
La vida es el derecho legal más valioso del hombre, porque si le faltan otros bienes no tiene sentido para él, y también es un derecho legal que el estado necesita proteger para proteger la existencia de sus habitantes, un elemento esencial del estado, que también tiene la obligación de proporcionar seguridad.
